Feput pide frenar el nombramiento discrecional de “Auxiliares fiscales”

Desde la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (FEPUT) tenemos una postura coincidente con las presentaciones realizadas por el Colegio de Abogados de Tucumán, en cuanto al respeto que se debe tener sobre los procedimientos administrativos en lo referente a la figura del “Auxiliar Fiscal” y “Auxiliar defensor” y de la gran importancia del acceso a los cargos judiciales a partir de la igualdad de oportunidades y de la idoneidad.

Entendemos las urgencias que se pueden presentar desde la Justicia a fin de agilizar los trámites judiciales; sin embargo, resulta imperativo el respeto de las normas y de los principios constitucionales, algo que está avasallado en los nombramientos discrecionales que se presentan en estos casos.

La jurisprudencia refleja sin dudas que los antecedentes avalan la postura de contar con una justicia imparcial y sin dependencias, algo contradictorio al realizarse el nombramiento de “sustitutos” de fiscales sin concurso, dejando incluso de lado el cotejo público de antecedentes y de oposición. Desde FEPUT ratificamos nuestra postura de que “lo urgente es enemigo de lo importante” y que las decisiones que buscan nombramientos atentando contra la calidad institucional, en un área tan delicada como la Justicia, solo generan desconfianza en la sociedad.

Presentaciones

El Colegio de Abogados de la Capital realizó oportunamente un pedido a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para que se declare la inconstitucionalidad de la figura creada a instancias del oficialismo mediante la sanción de la Ley 9.172. Dicha norma permite al ministro público fiscal Edmundo Jiménez designar en forma discrecional y sin publicidad a funcionarios que pueden cumplir todos los actos de los fiscales mediante la respectiva delegación de funciones.

Los abogados razonaron que la Ley 9.172 implicaba un “cheque en blanco” para nombrar a funcionarios sin condiciones intelectuales y dependientes del poder por fuera del concurso público de antecedentes y oposición que exige la Carta Magna.